La reforma legal en materia de trabajo surgió con el objetivo de garantizar la efectividad del derecho de acceso a la justicia laboral con la introducción de un modelo procesal público, gratuito predominantemente oral y conciliatorio gestionado bajo la dirección, sin intermediarios, de juezas y jueces, así como la adopción de mecanismos que permitirán la salvaguarda de los derechos de las personas involucradas, a través de la aplicación de los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal, que facilitaran la resolución de controversias entre los factores productivos y laborales. A fin de lograr tales propósitos, se introdujo la creación de Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales estatales, que sustituyen de las juntas federal y local de conciliación como órganos impartidores de justicia laboral.