En la actualidad, los flujos migratorios han adquirido una complejidad profunda vinculada a elementos laborales, económicos, sociales y culturales. A lo largo del tiempo, México y el estado de Puebla, se han caracterizado por otorgar protección a quienes solicitan asilo en condición de refugiados o personas con necesidades de protección internacional, actuando a favor de personas repatriadas que migraron sin éxito, principalmente, a Estados Unidos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define los flujos migratorios mixtos como movimientos de población complejos, en los que se combinan razones de migración forzosa, económica, que incluyen a personas refugiadas, solicitantes de asilo, personas desplazadas, migrantes económicos, víctimas de trata, víctimas de tráfico, niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, personas que fueron objeto de violencia, comerciantes transfronterizos y personas migrantes que se desplazan por causas ambientales. (CNDH, 2020). El aumento de la migración global y las diferencias culturales, religiosas, de lengua, así como la falta de un documento migratorio que acredite una legal estancia, ocasiona que las personas migrantes y sujetas de protección internacional sean víctimas de discriminación. El Gobierno del Estado trabaja en acciones conjuntas, con otras dependencias y entidades de la administración pública, para generar espacios de atención y seguimiento a casos de violación de los derechos humanos de las personas migrantes.

En el ámbito laboral, es importante ver a este grupo interseccional como factor clave para la productividad, como fuerza laboral, por lo que será necesario vincular con oportunidades de empleabilidad, capacitación para el perfeccionamiento y la actualización de habilidades y conocimientos, así como brindar herramientas para la organización social que derive en el trabajo, como emprendimientos o la conformación de sociedades cooperativas.