El envejecimiento es parte de un proceso biológico de la vida humana, y es labor de todas y todos, asegurar los modelos de atención y esquemas de protección que permitan dignificar las condiciones de vida de las personas adultas mayores.
La transición de la fuerza laboral hacia la vejez, supone importantes desafíos para el Estado, las instituciones sociolaborales y los sistemas de protección social. La articulación de políticas públicas y estrategias que combinen las tendencias demográficas con los objetivos del trabajo decente, plantean la realización de un diagnóstico profundo de la situación real, conjuntamente, se deberán realizar reflexiones sobre los alcances y limitaciones de la actual provisión de protección social para personas adultas mayores o cercanas a este rango de edad. De acuerdo a un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo, durante la última década se ha incrementado sostenidamente la tasa de participación de los adultos mayores en países latino americanos. Esta tendencia parece ser la respuesta correcta para el proceso de envejecimiento de la población. Sin embargo, dado que es un impulso espontáneo, los adultos mayores que permanecen activos se insertan en empleos de baja calidad, dentro del sector informal y como no asalariados.
Esta situación manifiesta la necesidad de diseñar políticas que acompañen la tendencia al “envejecimiento activo” tanto en el marco de los incentivos en los sistemas de pensiones como en la demanda de las empresas por trabajadores mayores. Por ello, se deberá establecer la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, jornadas laborales y salarios dignos, que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral. En consonancia con esto, será sustancial evitar que se condicionen, limiten o restrinjan las oportunidades de empleo, permanencia o ascenso laborales, en referencia a las personas adultas mayores, así como garantizar el derecho a la seguridad social: Pensiones, Acceso a Vivienda y Servicios de Salud de calidad. Y por último, busca reducir gradualmente las horas trabajadas a medida que avanzan en la edad, de acuerdo a los cambios en el perfil de edades de los ocupados